Sabían de su inocencia y aún así… lo condenaron

Pese a ello, su petición es, sin dudas, mucho más sólida desde el punto de vista técnico, asegura Miguel Álvarez, asesor del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, y estudioso del caso.

En ella no sólo se desmonta la acusación por el cargo tres, que lo acusa de conspirar con otras personas para perpetrar asesinato, con intención criminal y premeditación en la jurisdicción marítima y territorial de los EE.UU.

Unido a esto, otros elementos justifican su pedido de Habeas Corpus. En mayo de 2001, el gobierno norteamericano se vio obligado a reconocer por escrito que había fracasado en su inculpación por el derribo de las avionetas.

Era una mentira tan obvia, que aceptó en una llamada Petición de Emergencia -algo sin precedentes- que no podía demostrar la inventada culpabilidad de Gerardo, en un crimen tan fabricado, y que ello constituía un “obstáculo insuperable” para la Fiscalía.

Al final, pidió modificar la acusación porque no podía probarla, pero la jueza, con buen tino, respondió que ya era muy tarde, habían pasado siete meses discutiendo el incidente del 24 de febrero, que fue el centro del juicio, y que si al jurado no lo convencieron, perdieron.

Entonces, la Fiscalía acudió ante la Corte de Apelaciones, pero tampoco allí se aceptó cambiar el cargo. Pese a todo eso, increíble y curiosamente, el jurado lo encontró culpable.

Sin embargo, y por suerte, en Estados Unidos aún quedan personas con vergüenza. La jueza Phillyps Kravitch discrepó de semejante acusación, y en las 15 páginas que escribió al respecto, demostró la terrible injusticia cometida por sus colegas contra Gerardo.

“…el gobierno no presentó ninguna evidencia de que cuando Hernández estuvo de acuerdo en ayudar a “confrontar” a Hermanos al Rescate él haya accedido a que la confrontación fuera un derribo. Concluir que la evidencia sí muestra esto, va más allá de meras inferencias a una total especulación”

Pero la injusticia va más allá. Ricardo Alarcón, en su libro “Los héroes prohibidos”, relata que en septiembre de 2008 la Corte de Apelaciones concluyó unánimemente que no había pruebas de que los cinco acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta”, o de que hubieran dañado la seguridad nacional de Estados Unidos.

Y decidió, entonces, que las sentencias por el cargo dos: conspiración para cometer espionaje, eran erróneas, las anuló, y decretó que Ramón y Antonio, también condenados a una cadena perpetua, fueran resentenciados.

No obstante, a pesar de reconocer que igual procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en otro sorprendente acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo, y adujo que una cadena perpetua pesaba en su contra.

Está clara, insiste Álvarez, la mala conducta del gobierno al acusar a Gerardo por el derribo de las avionetas, pues él no se encontraba en Miami en ese momento, y nada tuvo que ver con la decisión soberana de Cuba, pero la Fiscalía mezcló una cosa con la otra para tratar de inculparlo.

Y realmente hay que decir, concluye, que al margen de la decisión que la jueza Joan Lenard tome, su caso es ahora, y sobre todo, mucho más sólido desde el punto de vista legal, y demuestra, todavía más, lo que ya sabemos: que él está injustamente en prisión.

Suma esta causa -como la de los inocentes italianos Sacco y Vanzetti- otro deshonroso ejemplo de injusticia y parcialidad a la historia de la “impecable” jurisprudencia estadounidense, tan realzada por los paladines de la libertad y los derechos humanos, como modelo universal. ¿Realmente se lo creerán?