Democracia imperial

Al día siguiente de la disolución del parlamento egipcio por decisión de la Corte Constitucional, de hecho fue por orden del Consejo Supremo de las fuerzas armadas, el Departamento de Estado estadounidense saltó al ruedo garantizando que el Consejo se había comprometido a entregar el poder, el 1º de julio, al presidente electo. Washington asegura que, durante toda la «transición hacia la democracia» en Egipto, se mantuvo en estrecho contacto con el Consejo Militar Supremo.

Y nadie lo duda. Hace 3 meses que la administración Obama decidió reanudar el financiamiento de las fuerzas armadas egipcias, suspendido por el Congreso cuando varios empleados de organizaciones no gubernamentales estadounidenses fueron arrestados por haber financiado por debajo de la mesa diferentes grupos egipcios en el marco de los «programas de entrenamiento para la democracia». Después de la liberación de esas personas, Washington desbloqueó la ayuda militar de este año: 1 300 millones de dólares depositados en una cuenta de firma conjunta. A esa suma se agregan 250 millones destinados a programas económicos y políticos en Egipto, así como otra importante suma para los servicios secretos.

Y ya vimos el resultado. Ya con el apoyo de Washington, el Consejo Militar Supremo hizo eliminar la ley, promulgada en mayo por el parlamento, que prohibía la candidatura de ex altos funcionarios del régimen de Mubarak, lo cual permitió que el general Ahmed Chafik, a quien Mubarak había nombrado primer ministro poco antes de su destitución, pudiera presentarse como candidato a la elección presidencial. Y, después de lograr la disolución del parlamento, el Consejo Militar Supremo promulgó, durante el transcurso de las elecciones una «constitución interina» que amplía sus propios poderes en espera de la constitución definitiva, redactada por una comisión que cuenta un centenar de miembros, nombrados por el propio Consejo.

Así que, aún en caso de que el candidato de la Hermandad Musulmana Mohamed Morsi lograse instalarse en la presidencia, el poder permanecerá en manos del Consejo Supremo, o sea en manos de la casta militar financiada y armada por Estados Unidos, la casta que realmente ostentaba el poder durante el régimen de Mubarak. Esa misma casta fue la que el presidente Obama presentó como garante de la «transición ordenada y pacífica» cuando Mubarak fue derrocado, después de haber servido a Estados Unidos durante más de 30 años.

Mientras denuncia «violaciones de la democracia» en Siria e Irán, Estados Unidos exporta su propio «modelo de democracia», incluso a otros países del norte de África y del Medio Oriente. En el caso de Yemen, el presidente Obama admitió oficialmente que fuerzas militares estadounidenses están operando directamente en ese país. Formalmente, esas operaciones apuntan contra al-Qaeda, pero el verdadero blanco es la rebelión popular. A través de Arabia Saudita y de Gran Bretaña, Washington está armando al régimen yemenita, que recibirá equipamiento militar por valor de 3 300 millones de dólares. Washington está haciendo lo mismo con la monarquía de Bahréin que, luego de reprimir ferozmente (con ayuda de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar) la lucha popular por los derechos democráticos fundamentales, ha encarcelado y torturado a una veintena de médicos, acusados de haber ayudado a los manifestantes al ocuparse de curar a los heridos.

Como el gobierno de Bahréin debe «resolver graves cuestiones relativas a los derechos humanos», Washington anuncia nuevas entregas de armas, que serán utilizadas para ahogar en sangre la lucha por la democracia.