Cuba, como otras sociedades del mundo, nunca estuvo exenta del fenómeno migratorio.
Decenas de miles de sus ciudadanos, a través de todas las épocas y por las más disímiles motivaciones, decidieron salir del país temporal o definitivamente y, lógicamente, uno de los principales destinos fue el poderoso vecino del Norte.
Solo que el trámite en cuestión cambiaría sustancialmente a partir de que la Isla decidió asumir sus propios destinos, e intentó forjarse una vida y una actuación independientes en relación con los lazos de subordinación que les fueron impuestos desde finales del siglo diecinueve por la entonces potencia emergente del hemisferio.
El alocado interés imperial de destruir el experimento revolucionario cubano y retornar al “díscolo y rebelde” vecino sureño a su status de subordinación, politizó por completo el tema de la emigración hacia territorio norteamericano y lo marcó con la más dañina distorsión, enmarañando todo el proceso y diferenciándolo en extremo de la práctica universal que caracteriza el movimiento de las personas a otras latitudes.
Desde enero de 1959, y luego de las primeras oleadas de personeros del depuesto régimen dictatorial de Fulgencio Batista hacia los Estados Unidos, la propaganda oficial norteamericana convirtió a los cubanos, hasta el día de hoy, en “refugiados políticos”, muy a tono con el deseo de proyectar la imagen de Cuba como una cárcel asfixiante para la mayoría de sus pobladores.
El estímulo a la salida de la Isla de sus profesionales y técnicos, y el impulso al uso de vías ilegales y sumamente peligrosas, se entronizaron en el empeño de reforzar esa impresión negativa.
Y la culminación de esta estrategia sería la promulgación decenios atrás de la ya tan conocida Ley de Ajuste Cubano, aún vigente, que otorga exclusivos privilegios a los ciudadanos de nuestro país que llegan por rutas y métodos ilícitos a suelo norteamericano.
Tratamientos especiales, dicho sea de paso, que solo se aplican a los emigrados desde el triunfo de la Revolución y que han sido privativos para los cubanos ya asentados desde antes en el Norte, según se recordó en fecha reciente en los medios televisivos locales.
Cuba cuyo interés esencial es promover una emigración segura y ordenada, a la vez que conservar su seguridad y su potencial científico-técnico, debió defenderse también en este terreno de la enconada hostilidad oficial estadounidense, y el sistema para la salida de sus ciudadanos al exterior añadió medidas y consideraciones que el tiempo y las circunstancias han dejado atrás definitivamente.
De ahí la entrada en vigor, desde este 14 de enero, de una reforma de las leyes migratorias cubanas que flexibiliza en mucho los trámites para las salidas y permanencia en el exterior de los ciudadanos de la Isla, y que de hecho normaliza y estandariza esos mecanismos a tono con las usuales prácticas vigentes a escala internacional.
Disposiciones que apuntan a eliminar, como se ha informado, los anacronismos y excesos que debieron ejercitarse en circunstancias pasadas, y que sin dudas favorecen en mucho el orden y la seguridad de los que optan por moverse al exterior, al tiempo que amplían los derroteros en el empeño por fortalecer los lazos entre el país y su emigración, que hoy suma cerca de millón y medio de conciudadanos.
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter