El Ejército y los abusos del poder contra el SME

Documentos en nuestro poder ratifican la denuncia que en su momento hiciera pública el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez, cuando dio a conocer a todo el país el denigrante papel que fueron obligados a hacer cientos de militares, quienes por órdenes superiores debieron disfrazarse de policías federales e incluso de civiles para colaborar en el encubierto “golpe de Estado”, fraguado desde la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

Lamentable es que las funciones del Ejército Mexicano, garante de la seguridad y dignidad nacionales, se hayan trastocado para agredir a la clase trabajadora que es, sin lugar a dudas, parte del pueblo de México. Y peor todavía, que los altos mandos no hayan protestado por tal infamia como sucedió en 2006, cuando el expresidente Vicente Fox pretendió utilizar a las Fuerzas Armadas para desalojar a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. En esa ocasión, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Clemente Vega García, pidió que el expresidente le diera la orden por escrito para que quedara constancia de la infamia que se pensaba consumar. Fox rehuyó, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a asumir el alto costo social, político e histórico que tal acción hubiera representado, por lo que el Ejército se salvó de tal ignominia.

Por desgracia, no sucedió lo mismo con el extitular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, quien aceptó prestarse al papel de comparsa de Calderón y su gabinete, y en el colmo de las vilezas, consintió que en los protocolos de la intervención militar se autorizara a la tropa abrir fuego contra quien intentara recuperar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.

Por su origen popular y porque debe ser una fuerza de paz, las tareas de represión tienen que estar fuera de las funciones y el compromiso ético de nuestro Ejército Mexicano, sólo así se entiende que sus cualidades patrióticas estén al servicio de las causas sociales. Desde 1968, cuando se escribió una de las páginas más indignantes de las Fuerzas Armadas al haber sido utilizadas para asesinar a mansalva a cientos de estudiantes en Tlatelolco, el Ejército no había procedido de forma tan censurable en contra del pueblo como –ahora se sabe con certeza– actuó la noche del 10 de octubre de 2009.

En uno de los partes, fechado el 12 de octubre de ese año, se lee:

“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian termoeléctrica en EdoMex [Estado de México]’ y ‘Vigilan PFP [Policía Federal Preventiva] y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, México). No obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA número 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militares, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no tengan características militares. Por tal motivo agradeceré realizar las siguientes acciones:

“A. Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.

“B. Realizar una investigación remitiendo el resultado para antes de las 18:00 [horas] del 15 octubre de 2009.

“C. Ratificar y supervisar que la totalidad de organismos bajo su mando estén enterados [de] que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciendo realizarlas, en caso de ser necesario, de civil o con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares” (sic).

Y firmaba el documento “confidencial e interno” de la Sedena el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, JM Castillo Segura.

En las órdenes giradas a los militares que hicieron las funciones de supuestos policías federales se establecía en uno de sus puntos:

“En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda”.

Hasta la fecha, los altos mandos castrenses se han guardado bien de tocar el tema ante la opinión pública. De hecho, el teniente Marcos Gerardo Mendoza tuvo que enfrentarse a la justicia militar bajo la supuesta falta de “abandono de servicio de armas”, por haberse negado a participar en la denigrante farsa ordenada por sus superiores y por hacer del conocimiento de la sociedad la inusual medida que representó un atropello a los derechos civiles y constitucionales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

El 19 de febrero pasado, durante la celebración del Día del Ejército, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los soldados que se alejen del sendero del cumplimiento de la ley o violen derechos humanos “habrán de asumir las consecuencias”. Sólo le faltó decir qué castigo merecen aquellos altos mandos militares que se han prestado, precisamente, a violar la ley y los derechos humanos de los ciudadanos, que como en el caso de los electricistas del SME fueron reprimidos no por fuerzas policiales sino por elementos castrenses.

Es indudable que, por el honor del Ejército Mexicano, los generales que participaron en la indignante agresión del 10 de octubre de 2009 nos deben una explicación a todos los mexicanos. Claro está, si algo de vergüenza y de honor les queda.