El presidente de Francia quiere entregar armas a emiratos islámicos

El 25 de septiembre de 2012, desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el presidente francés Francois Hollande dijo estar convencido de que el cambio de régimen en Siria era algo «seguro» y que, por lo tanto, París reconocería al «gobierno provisional, representativo de la nueva Siria, en cuanto se forme». Creyó que él mismo iba a poder designarlo basándose en el Consejo Nacional, la organización títere montada por la DGSE [1] y financiada por Qatar.

Pero Estados Unidos no demoró en recuperar el control del asunto. La secretaria de Estado Hillary Clinton subrayó la falta de representatividad del Consejo Nacional, conformado con gente que «no han estado en Siria desde hace 20, 30 o 40 años», y organizó su hundimiento. En la reunión de Doha, celebrada este 11 de noviembre bajo los auspicios de la Liga Árabe, el embajador estadounidense Robert Ford simplemente metió el Consejo dentro de una Coalición Nacional, que está a su vez bajo control directo del propio embajador. Por supuesto, eso no mejora el conocimiento de Siria que puedan tener los personajes que no han puesto un pie en ese país «desde hace 20, 30 o 40 años». Pero sí modifica la opinión que de ellos tiene el Departamento de Estado: ahora que están a las órdenes de Washington, el Departamento de Estado los considera legítimos.

Pero Francia sigue con su sueño de recolonización de Siria. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Francois Hollande había solicitado que el Consejo de Seguridad concediera un mandato para administrar las «zonas liberadas por los rebeldes», al estilo del mandato que la Sociedad de Naciones [2] había concedido a Francia sobre toda Siria de 1923 a 1944. En base a esa lógica, Francia y el Consejo de Cooperación del Golfo han reconocido a la Coalición Nacional Siria como «único representante legítimo del pueblo sirio» llamado a «constituir un gobierno provisional». París solicitó además a la Unión Europea –que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz– el levantamiento del embargo sobre las entregas de armas para poder armar las «zonas liberadas».

Parece que, cegados por sus quimeras coloniales, los dirigentes franceses no se han dado cuenta de la gravedad de sus palabras ni de las consecuencias que tendría su concretización. Se trata nada más y nada menos que de romper con el principio de soberanía del Estado-Nación que constituye el fundamento mismo del derecho internacional desde la época de los Tratados de Westfalia –en 1648–, principio que devino universal en 1945 con la adopción de la Carta de la ONU y con el subsiguiente proceso de descolonización.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el presidente sirio Bachar al-Assad, la realidad es que su gobierno controla en lo esencial la gran mayoría del territorio de Siria, con el apoyo además de la mayoría del pueblo de ese país. Pero Francia pretende ignorar esa realidad y arrogarse el derecho de definir arbitrariamente quién constituye el gobierno sirio. Partiendo de esa base, Francia pretende arrogarse también el derecho de administrar y de armar las «zonas liberadas», donde incluso se utiliza la bandera de tres estrellas que los colonialistas franceses impusieron a los sirios en tiempos del mandato francés. Ese procedimiento se admitía, antes de 1945, para justificar ciertas formas de colonizacion aunque ya en aquel entonces se rechazaba en las regiones del mundo donde se reconocia el principio de soberanía de los Estados-Naciones.

Hace 73 años, Alemania impuso en Viena un primer ministro nazi y lo utilizó para anexar Austria. Aquello trajo como resultado toda un proceso de conquistas territoriales que sólo pudieron ser detenidas por la Segunda Guerra Mundial. No cabe la menor duda de que la aplicación del razonamiento francés abriría el camino a una Tercera Guerra Mundial, como ya subrayó el presidente sirio Bachar al-Assad en su entrevista del 9 de noviembre de 2012 a Russia Today.

Los dirigentes franceses tampoco parecen darse cuenta de la forma política que tomaría en la práctica la aplicación de su proyecto. Lo que ellos llaman «zonas liberadas» son espacios de contornos cambiantes e imprecisos controlados por brigadas del Ejército “Sirio Libre”. La unica vez que uno de esos espacios logró estabilizarse fue, a fines de 2011 y principios de 2012, en un barrio del sudoeste de Homs. La Katiba Al-Farouk proclamó allí el Emirato Islámico de Baba Amro, donde las escuelas fueron destruidas y se instauró como ley la chariah. Toda la poblacion no sunnita fue expulsada de allí y más de 150 personas fueron condenadas por un «tribunal revolucionario» y degolladas en público.

Cuatro meses después de la caída de aquel emirato islámico, el presidente Francois Hollande recibió en París, con todos los honores, a varios de sus líderes que habían logrado escapar. Eso sucedió el 6 de julio de 2012, en ocasión de la reunión en la capital francesa del «Grupo de Amigos del Pueblo Sirio» (sic). Lo que Francia está proponiendo ahora es apoyar la creacion de nuevos emiratos islámicos en el territorio de un país soberano y miembro de la ONU.

En virtud de esa misma lógica, Francia tendría que haber reconocido el Emirato Islámico de Afganistán, como hicieron Pakistán y Arabia Saudita, en vez de sacrificar allí las vidas de 88 soldados franceses combatiendo contra los Talibanes. Esa lógica tampoco permite entender por qué Francia mantiene todavía relaciones diplomáticas con la Federación Rusa en vez de reconocer al gobierno provisional de Ichkeria, en la actual Chechenia.

Dejemos de lado ese razonamiento, que ya demuestra lo absurdo de la posición de París. En 1970, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 2625 que expone explícitamente los principios del Derecho Internacional enunciados en la Carta de la ONU. Ese texto proclama: «Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado» [3]. Como presidente de la República Francesa, Francois Hollande está en el deber de velar por el respeto de esos principios.