Ha disminuido la tensión provocada por la aprobación por parte del Congreso peruano de las líneas de base necesarias para la fijación del límite marítimo con Chile.
En los días de la crisis, el gobierno de Perú precisó que la ley no tiene consecuencias internacionales. Y Manuel Rodríguez Cuadros, ex ministro de Relaciones Exteriores del presidente Alejandro Toledo, reiteró lo obvio.
Vale decir, los límites "jamás se establecen unilateralmente", mientras otro personero señalaba que en caso de no haber acuerdo con el "país hermano" (Chile) cabría recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Descomprimida la situación, la intempestiva llegada a Chile del ex presidente Alberto Fujimori, acusado de crímenes contra la humanidad, defraudaciones y sobornos, prófugo de la justicia de su país, amenaza provocar nuevos roces, porque las autoridades chilenas en vez de expulsarlo resolvieron la aplicación del procedimiento de extradición que puede ser largo y de inciertos resultados. La presencia del corrupto Fujimori en Chile, que ingresó al país en sospechosas circunstancias, hiere la dignidad nacional y ofende las relaciones de hermandad chileno-peruanas.
La decisión del Congreso de Perú, que ejerció su soberanía, provocó una áspera sobrerreacción en Chile. El presidente Ricardo Lagos llevó la voz cantante, aunque el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, lo dejó atrás en esa competencia de retórica agresiva. Los siguieron el Congreso, los partidos de gobierno, la oposición de derecha y sus candidatos presidenciales. La opinión pública cerró filas, manipulada por los medios de comunicación embarcados en una beligerante actitud antiperuana que desplegó los peores recursos chovinistas y patrioteros. A ningún factor de poder pareció importarle demasiado agitar símbolos patrios y batir tambores de guerra para ocultar problemas de la realidad inmediata y favorecer posiciones electorales. En ocasiones como estas, siempre el jefe de Estado sale ganando, sobre todo cuando éste cultiva una imagen cesarista.
Cuando parecía que la crisis seguiría escalando a niveles cada vez más peligrosos, bajó bruscamente de tono. La Moneda hizo declaraciones tranquilizadoras y, aunque siguió negando la existencia de un tema de límites marítimos, dejó entrever disposición a negociaciones diplomáticas si Perú las proponía. Esto es lógico porque, al fin y al cabo, no tiene sentido negar la existencia de un problema que es real y concreto. Perú no desconoce los tratados de 1952 y 1954 sobre las 200 millas -concepto que ese país impulsó en 1947-, pero da a esos instrumentos un alcance distinto que Chile. Se refieren -sostiene- a zonas de pesca que no fijaron límites, porque la zona del paralelo geográfico dejaría a sectores de la costa peruana sin acceso pleno a las 200 millas y solamente a espacios muy inferiores. La posición chilena defiende la intangibilidad de los tratados de 1952 y 1954, a los que considera demarcatorios del límite marítimo, no objetados, por lo demás, durante casi 50 años.
Como se trata de posiciones distintas, contrapuestas incluso, corresponderá en algún momento negociar en torno a ellas y en caso de desacuerdo, habrá que apelar a la justicia internacional.
Cuando Argentina declaró "insanablemente nulo" el laudo de la reina de Inglaterra sobre el canal Beagle, producto del arbitraje aceptado por ambos países, Chile no se negó a la mediación del Papa Juan Pablo II, aunque podría haberlo hecho alegando que el tema estaba zanjado definitivamente por un laudo arbitral que consideraba intangible.
Lo sensato en el caso actual es que Chile y Perú aborden el tema en conjunto, ojalá cuanto antes, para prevenir incidentes fortuitos y los problemas que puedan provocar los grupos belicistas que existen en ambos países.
¿Por qué el gobierno chileno reaccionó en la forma en que lo hizo y por qué el gobierno peruano esperó tanto tiempo para fijar las líneas de base?
Siempre en estos casos convergen muchos factores. Es efectiva, por ejemplo, una actitud arrogante que es alimentada en Chile por la cercanía del gobierno de Lagos con Estados Unidos. Washington asignará dentro de poco a Chile la calidad de "aliado extra-Otan", que ya otorgó a Argentina. Por lo mismo, hay que reconocer el valor que tienen declaraciones como la de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (APILA), que critica a los gobiernos involucrados: "¿Qué preocupación por la soberanía pueden tener dichos gobiernos cuando sólo a título de ejemplo el gas de Camisea, en Perú, así como el 67 por ciento del cobre que se extrae en Chile están en manos de transnacionales españolas, inglesas y norteamericanas y no se cautelan debidamente respecto de ellas los intereses nacionales?". Y a continuación pregunta: "¿Quiénes están detrás de estas maniobras? ¿A quiénes benefician? Al imperialismo norteamericano y a sus sirvientes dentro de las fuerzas políticas y militares de nuestros países, que encuentran en ellas razones para fundamentar las desconfianzas en la integración sudamericana, para mantenernos divididos y desconfiados unos de otros: para seguir vendiendo y comprando armas, para seguir fortaleciendo la militarización en un continente en que no existe otra guerra que la guerra contra el hambre y las carencias más elementales en salud, previsión, vivienda, etc.".
Inesperadamente, en este ingrato panorama ha surgido otro asunto que podría generar un desarrollo positivo del problema con Perú. Se trata de la situación en que quedarían Bolivia y su legítima expectativa de obtener una salida soberana al mar.
De aceptarse la tesis peruana -o parte significativa de ella-, se cancelaría la posibilidad de ese acceso y su correspondiente proyección oceánica, dado que tendría que materializarse en la Línea de la Concordia, en el límite con Perú. Bolivia así tendría puerto, pero no tendría mar. Se produciría una situación de virtual "costa seca" con un mar peruano. O bien un puerto con una fracción de mar territorial.
La hipótesis evidencia el carácter trilateral que asumen todos los problemas que tienen que ver con el límite en que convergen Perú, Bolivia y Chile. Actualmente, Bolivia no puede acceder a una salida al mar al norte de Arica a menos que Perú otorgue autorización para ese nuevo límite territorial en el correspondiente tratado. Ese virtual derecho a veto determinó, por ejemplo, que fracasara el intento de Charaña, en 1975, de entregar un corredor geográfico a Bolivia. Ahora, con la complejidad adicional de los límites marítimos, una solución para Bolivia sería prácticamente inalcanzable. Esto es particularmente grave porque el enclaustramiento de Bolivia constituye un trauma nacional que deteriora y dificulta las relaciones normales chileno-bolivianas.
La negociación a propósito de los límites marítimos constituiría una buena oportunidad para solucionar definitivamente la mediterraneidad boliviana. Una solución permanente sería una muestra de amistad verdadera y de real hermandad entre países que podrían avanzar con mayor rapidez y seguridad para asegurar el bienestar y el progreso de sus pueblos.
Cada día es más necesaria la integración latinoamericana en un mundo dividido en grandes bloques. Cada día es más necesaria para resistir el poder y la presión del imperio. América Latina parece condenada a la división que favorece al país del norte, pero su verdadero destino es diferente. No debe conformarse con ser un espacio geopolítico de la superpotencia, abastecedor de materias primas y materiales estratégicos y fuente de mano de obra poco calificada o de científicos y técnicos que emigran a Estados Unidos: países que son eternos deudores e imitadores del american way of life. La integración es el camino que se abre al porvenir latinoamericano de la mano del cambio social, que lleva a optimizar el uso de los recursos, a potenciar las actuales capacidades y a terminar con la miseria y la explotación.
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